En Puebla, la tensión por el manejo del agua es una realidad que lleva décadas afectando a la población. Tan solo en la capital, aspectos como la carencia de infraestructura para que el recurso llegue a todos los hogares, o la poca regulación de distribuidores oficiales que hay, complican el acceso a agua limpia y segura para su uso.

Este tema no es nuevo. De acuerdo con un estudio coordinado por la Dra. Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la IBERO Puebla, este conflicto data de 1990, cuando comenzó un proceso de privatización del recurso a cambio de la instalación de nuevas cañerías y que la distribución del agua fuera en casas y fuentes públicas.

Ante esto, las periferias poblanas se vieron afectadas, y actuaron colectivamente para que estas medidas no les negaran un derecho humano tan importante como el acceso a este recurso vital. Ahí nacieron diversos procesos de autogestión y gobernanza que subsanarían las deficiencias del Estado. Fue ahí donde empezó el conflicto. 

“El agua es un recurso eternamente en disputa que ha generado resistencias no solo en los actores sociales frecuentemente vulnerados, sino también en las élites políticas”: Dra. Valentina Campos.

“Esta crisis estaría asociada con una limitada participación en la toma de decisiones de los actores […] y también estaría atravesada por la presencia de relaciones de poder que conforman escenarios de desigualdad y asimetría”, pues en todo este proceso las autoridades han sido opacas y han visto por sus propios intereses.

Ante esto, la Dra. Valentina Campos propuso algunas alternativas basadas en modelos de gobernanza que ya se encuentran activos en la región. “La tendencia en los modelos de gestión es hacia ser descentralizados, y dejar estos esquemas de las autoridades federales, porque esto generaba ciertas tensiones y conflictos” explicó.

Se habla de gobernanza porque no es un concepto unívoco, apela a la participación de diferentes actores con intereses particulares o comunes y que confluyen —e influyen— en procesos de decisión. Es por esto que en Puebla distintas comunidades han decidido inclinarse hacia estas formas de organización, que ven que la crisis hídrica “tiene que ver con los dispositivos organizacionales a través de los cuales se lleva esta gestión del agua y esta crisis”.

“La gobernanza del agua es todos aquellos criterios, dimensiones y principios que deberían fortalecer justo este marco institucional, para impulsar o desarrollar mecanismos de participación, representación, negociación y rendición de cuentas que permitan una gestión del recurso hídrico”, exhortó la académica.