“Un retroceso”. Eso es lo que un grupo de catedráticas y catedráticos de la IBERO Puebla advierte sobre las reformas constitucionales en materia de organismos autónomos, de Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y en materia de prisión preventiva. Estas iniciativas, presentadas en febrero de 2024 por el presidente de México, han generado preocupación y dudas sobre su ejecución.

“Las propuestas establecen perspectivas sumamente preocupantes en términos de calidad democrática”. Así lo explicó el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de la IBERO Puebla durante una rueda de prensa en la que se dio a conocer el posicionamiento de la Universidad Jesuita, acompañada de una serie de recomendaciones que se harán llegar a las y los senadores y diputados federales, en funciones y electos, que representan a Puebla. 

“Ponemos al servicio del debate público nuestro acervo de pensamiento, pero, sobre todo, de los poderes públicos para nutrir la deliberación en un entorno de democracia participativa”: Mtro. Mario Patrón 

En ese sentido, el panel de expertos comenzó diseccionando los elementos problemáticos de la reforma constitucional al Poder Judicial. El Dr. Rafael Rodríguez Moreno, académico del Departamento de Ciencias Sociales, remarcó que, si bien ha causado más controversia la propuesta de elección de juzgadores mediante el voto popular, también hay otros elementos que preocupan.

El académico afirmó que, entre las propuestas que pueden reflejar un retroceso o incluso una falta de discusión y análisis en la formulación de estas reformas, son las facultades de investigación: según el especialista, estas no pueden ser solo responsabilidad de la Tribuna de Disciplina Judicial, ya que se corre el riesgo de desarrollar un modelo judicial inquisitivo.

La Dra. Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla, remarcó que “esta reforma es regresiva y también incumple con las determinaciones a derechos humanos en México”, pues se les da amparo a las Fuerzas Armadas permanentes para realizar tareas propias de autoridades civiles, con lo que la Guardia Nacional tendrá el permiso de investigar delitos.

Las iniciativas preocupan no solo por lo anterior, sino por el propio trasfondo de las instituciones involucradas: la académica expuso que, de 2020 a octubre de 2023, la Guardia Nacional ha presentado un mayor número de quejas que la SEDENA, que han llegado a más de 500. Ante esto, se llama a “no ampliar las tareas de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz”.

En este paquete de reformas también se presentó una modificación al artículo 19, en la que se plantea la ampliación de delitos sancionables con prisión preventiva. Para el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad, la iniciativa es “innecesaria, regresiva e inconstitucional” por seguir dando pie al encarcelamiento de personas sin una sentencia. 

El académico considera que, si esta reforma se lleva a cabo, se abonará a un escenario de inconstitucionalidad e impunidad en el país, ya que en la actualidad el 44% de las personas en prisión no tienen una sentencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México a eliminar la prisión preventiva. “Se estaría incurriendo en desacato”, dijo. 

Finalmente, la Mtra. Shanik David George, académica y responsable de Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por El Derecho a la Verdad del IDHIE, brindó un panorama más amplio de la reforma en materia de organismos autónomos, que fue aprobada para enviarse al pleno el pasado viernes 23 de agosto y que denota una falta de proyección de “los efectos de esta”.

“Se reconoce que estos son organismos perfectibles”, explicó la académica. “Sin embargo, no porque tengan deficiencias en algunos aspectos o porque puedan ser controlados debería llevarnos a su desaparición, sino más bien a su mejora”. En ese sentido, el panel propuso regresar este dictamen para una discusión responsable en comisiones en la que se planteé “mejorar a estos organismos, para que así se puedan seguir protegiendo nuestros derechos humanos”.