En una tensa espera ante el inicio de la temporada de sequía en México, el próximo martes 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha instaurada por la ONU desde 2009 que nos invita no sólo a tomar conciencia, sino a adoptar una actitud proactiva para exigir e impulsar acciones estratégicas para atender la crisis socioambiental en curso que representa sin duda el principal desafío para la humanidad en el siglo XXI.

Tanto las cifras récord que cada año se registran en rubros relacionados con el clima, como la creciente magnitud de las catástrofes asociadas, elevan –o deberían– el sentido de urgencia para tomar acciones inmediatas y contundentes para mitigar y ralentizar los efectos del cambio climático. Según el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, 40 por ciento de la población mundial vivió su año más cálido en 2024.

Además, 2024 fue el primer año en que la temperatura promedio global superó la barrera de 1.5 grados Celsius de aumento de temperatura en relación con la época preindustrial, cifra que no debería ser rebasada, como se estableció en los Acuerdos de París. En México, por cierto, el incremento fue de 2.14 grados y, si bien no basta un solo año para estimar el incremento de la temperatura global, las cifras son alarmantes, especialmente si consideramos que estas rebasan ya las predicciones de calentamiento previstas para toda la década.

Este aumento récord se refleja en diversas expresiones que atestiguamos en nuestro país el año pasado. Por ejemplo, la sequía histórica que azotó a México durante la primavera, que alcanzó un pico de afectación de 89.58 por ciento del territorio a finales de mayo, según registros oficiales. Las sequías han ocurrido año con año, pero ciertamente no en estas magnitudes.

Esta condición crítica favoreció el incremento récord de incendios forestales, alcanzando en 2024 una cifra de afectación de 16 mil 722 kilómetros cuadrados, casi 1 por ciento del territorio nacional en un solo año, equivalente a cerca de la mitad del territorio del estado de Puebla. Esta cifra representa un incremento de 341 por ciento respecto de la superficie afectada por los incendios forestales en 2020 y 60 por ciento mayor a la superficie afectada en 2023.

Desde esta perspectiva, fue afortunada la época de lluvias, al término de la cual las cifras de precipitación fueron mayores a las usuales, lo cual favoreció la recuperación de nuestros cuerpos de agua. No obstante, estos extremos climáticos se traducen en mayores riesgos a la población, como lo vimos en Guerrero con las inundaciones provocadas por el huracán John, lo mismo que en otras regiones del mundo como los casos de las inundaciones súbitas en Carolina del Norte provocadas por el huracán Helene, o el fenómeno de la depresión aislada en niveles altos (DANA) en Valencia.

Frente a estas dimensiones del daño provocado por el cambio climático, se imponen como prioritarias las acciones de organismos internacionales, gobiernos y sociedades nacionales en defensa de los equilibrios de nuestra casa común; sin embargo, la agenda climática sigue siendo un asunto marginal en los hechos y, peor aún, ha sido objeto de graves retrocesos a escala global y motivo de represión de movimientos, comunidades y líderes defensores del agua y el territorio en México y otros países.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), con 123 eventos de agresión y mil 317 personas afectadas, 2023 fue el segundo año más violento contra personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en el país desde que se tiene registro. De éstos, 57.7 por ciento de los casos de agresión fueron contra integrantes de pueblos indígenas. El fenómeno se agrava en contextos de macrocriminalidad, donde las grandes redes de poder conspiran para el silenciamiento de quienes defienden la casa común. Muestra de ello es que, en los casos registrados por el Cemda, el principal agresor es el gobierno con participación en 49.6 por ciento de los casos, seguido del crimen organizado (29.6) y las empresas privadas (15.5).

Estas cifras colocaron en 2023 a México como el tercer país más letal para las personas defensoras del ambiente y el cuarto en la última década con 203 asesinatos, superado sólo por Colombia, Brasil y Filipinas, según Global Witness, organización que también reporta que en nuestro país ocurren 9.6 por ciento de los asesinatos de defensores del territorio a escala global, en tanto que América Latina es la región más violenta tanto por la cantidad de eventos como por su letalidad.

Las acciones para detener el cambio climático no pueden seguir aplazándose, pues cada año empeoran los efectos de la explotación de nuestra casa común. Por ello las sociedades necesitan provocar un giro drástico en las perspectivas gubernamentales y empresariales que hoy dominan el escenario. Son las comunidades campesinas e indígenas quienes siguen siendo vanguardia y ejemplo en la defensa del territorio y en la convivencia armoniosa con la Madre Tierra, pero son al mismo tiempo las más atacadas por los grandes poderes globales.

Ante la crisis climática necesitamos mucho más que medidas paliativas, se requieren acciones de alcance estructural que pongan en el centro a los defensores de nuestra casa común, y que convoquen al conjunto de la sociedad tanto al impulso de otras pautas de consumo como de formas sustentables y justas de producción y distribución de los recursos. Por y para ello, la socioambiental debe ser una perspectiva transversal prioritaria para afrontar nuestro presente y futuro, sólo así podremos responder a las graves amenazas del cambio climático que nos imponen el imperativo de la colaboración y la fraternidad.

Publicado originalmente en La Jornada.