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El martes 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha que invita no sólo a refrendar la apuesta por el fortalecimiento de las garantías indispensables para su protección y tutela, sino a honrar el testimonio de las personas que han dado su vida en la lucha por la dignidad y la justicia de las víctimas, especialmente en un país, como el nuestro, marcado por la violencia.
Hoy, 80 por ciento de las agresiones contra defensores de derechos humanos ocurren en América Latina, donde México ocupa el segundo país con mayor índice de violencia y criminalización, según el último informe de Front Line Defenders; 2023, particularmente, fue el segundo año más violento contra defensores ambientales, con 123 agresiones documentadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Además, Artículo 19 documentó 561 agresiones contra periodistas, lo que significa que cada 16 horas ocurre una agresión contra ese gremio aquí.
En este marco de violencia contra quienes defienden y promueven los derechos humanos en México, y en una fecha conmemorativa como el Día Internacional de los Derechos Humanos, es necesario honrar el arduo trabajo que por tres décadas ha efectuado una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más emblemáticas en el país: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC (Tlachinollan).
En el corazón de Guerrero permanecen las heridas todavía abiertas por la crueldad de la violenta persecución política y la campaña de contrainsurgencia llevada a cabo por el Estado mexicano desde las últimas décadas del siglo pasado contra los movimientos políticos, magisteriales, campesinos e indígenas que luchaban por la construcción de condiciones de vida digna en uno de los estados con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad. Sometidos a desaparición forzada, vuelos de la muerte, amenazas, espionaje y descalificación pública, los pueblos y comunidades de la región de La Montaña en Guerrero resistieron por lo menos desde la década de 1970, desde distintas trincheras y formas de lucha, contra un modelo de Estado que descartaba por completo las identidades y proyectos de vida de las comunidades de dicha región.
Aunque la guerra sucia sea considerada un episodio del pasado, la violencia de Estado en aquellas geografías perdura hasta nuestros días, y Tlachinollan ha sido no sólo testigo y cercano acompañante de dichas realidades, sino su principal denunciante y promotor de justicia. Surgido en 1994 con el respaldo de la naciente diócesis de Tlapa y la apuesta por proyectos pastorales en los pueblos na savi, me phaa, nauas y suljaa, Tlachinollan nació bajo las acusaciones del gobierno estatal y federal de promover movimientos armados. A contrapelo de estos señalamientos, el Centro de Derechos Humanos acompañó las graves violaciones cometidas contra la población campesina e indígena en tiempos en los que se cometieron masacres, como la de Aguas Blancas o la de El Charco
Desde entonces, Tlachinollan ha efectuado procesos de acompañamiento de defensa integral en numerosos casos, algunos emblemáticos como el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad frente a la tortura sexual cometida por el Ejército contra dichas jóvenes indígenas. Casos como el de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán que fueron criminalizados por defender los bosques, adquirieron relevancia gracias a Tlachinollan. Tampoco se puede pasar por alto su papel en la lucha por la verdad y la justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Aytozinapa, caso que ha marcado la historia del país y ha sido emblema de la lucha por los derechos humanos en los últimos 10 años.
Esta contundente labor por los derechos humanos en el país, y de manera especial en las regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, han hecho de Tlachinollan un referente de la lucha por la dignidad en México. Por ello, a lo largo de su corta historia, ha recibido reconocimientos y premios de talla internacional, como el de la Fundación MacArthur (2008), la Washington Office for Latin America (2009), Global Exchange (2009), el sexto Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (2011), el Premio Amalia Solórzano (2017) y el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy (2019).
Frente a un entorno de persistencia de violaciones generalizadas de derechos humanos y de menoscabo de los organismos públicos que deberían defenderlos, como la CNDH, o la eliminación del INAI, México necesita muchos esfuerzos e iniciativas como la que encarna Tlachinollan. Hoy la sociedad civil organizada se ha convertido en el principal referente de confianza para las víctimas y en la principal apuesta de articulación y organización social para defender y hacer posible la dignidad que el ejercicio del poder público y la macrocriminalidad amenazan y a menudo arrebatan de manera violenta
Tras 30 años de trabajo, es preciso reconocer, visibilizar, honrar y agradecer a esa voz colectiva y articulada que desde las entrañas de las montañas guerrerenses clama, promueve y construye justicia de la mano de los pueblos campesinos e indígenas que permanecen en pie en defensa de la vida y la dignidad en sus territorios.