A escasas semanas del cambio de administración en el gobierno federal, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), que recupera los hechos de violencia política y violaciones a derechos humanos ocurridos durante el periodo conocido como guerra sucia, presentó su informe Fue el Estado. A través de recopilaciones amplias de testimonios, rigurosas investigaciones técnico-científicas y un obstinado esfuerzo por encontrar la verdad en medio de las resistencias y obstaculizaciones, el informe presenta los avances en la documentación de las violaciones a derechos humanos ocurridas en dicha época, así como recomendaciones de medidas de restitución y reparación para las víctimas.

Lo presentado allí supone también una evidencia contundente de la crisis generalizada de desaparición que azota al país desde la segunda mitad del siglo XX. El informe destaca cómo aquellas prácticas y estrategias contrainsurgentes del Estado y las fuerzas armadas operadas en la época de la guerra sucia persisten hoy en la desaparición de personas ya no sólo ejecutada por agentes del Estado, sino por el crimen organizado. Con ello, la crisis de desaparición que el presente gobierno no pudo atender de manera efectiva actualiza muchas aristas cuyo inicio se remonta a la década de los 60.

Vamos a los datos oficiales. Al corte del 21 de agosto, el recuento de personas desaparecidas y no localizadas es de 115 mil 404, de las cuales 101 mil 365 ocurrieron desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha y 51 mil 465 ocurrieron en el actual sexenio. Sabemos también que la tragedia de la desaparición es también una tragedia forense.

Desde 2021 el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reportó que hay más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en fosas comunes y cementerios públicos. De ahí que se haya impulsado la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que, no obstante, ya ha sido abandonado por las autoridades.

Las anteriores cifras nos llevan a coincidir con el diagnóstico del MEH respecto de la magnitud de la crisis de desaparición que vive el país. Hoy los procesos institucionales auténticos de verdad y de justicia siguen ausentes, mientras el Estado y sus instituciones continúan obstaculizando las investigaciones y el acceso a información crucial, especialmente en manos del Ejército Mexicano.

No es casualidad que las mismas barreras en el acceso a la verdad y la justicia se repliquen para el caso Ayotzinapa, próximo a cumplir su décimo aniversario, y tantos otros casos de graves violaciones en el país cuya investigación sigue obstaculizada.

Hoy, lo que ha quedado claro es que las grandes violaciones a derechos humanos son puestas a la luz gracias al trabajo de las víctimas y las organizaciones que las acompañan. Frente a la mayor crisis humanitaria documentada del país, nuevamente son las víctimas, la sociedad civil organizada y trabajos extraordinarios desde el periodismo independiente, como el que recientemente sacó a la luz los denominados “vuelos de la muerte”, los que entregan a la sociedad retazos de verdad para avanzar en el esfuerzo de encontrar verdad y exigir justicia y no repetición de los hechos.

Como ha quedado evidenciado reiteradamente, son las madres buscadoras, quienes encuentran y desentierran los cuerpos de los desaparecidos, y es la voz colectiva que marcha por las calles la que nombra y demanda el cumplimiento de sus responsabilidades a un Estado que no ha podido frente a la magnitud de la crisis.

El próximo 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y en la inminencia del inicio del gobierno próximo resulta pertinente insistir en señalar los claroscuros en la agenda de desaparición de personas en México, caracterizada por la incansable labor de las familias de las víctimas.

El 1º de octubre Claudia Sheinbaum asumirá su cargo heredando una crisis en materia de desaparición en condiciones estructurales poco distintas de las que recibió López Obrador hace seis años.

La atención de la crisis de desaparición en México, especialmente de sus víctimas, tendrá que ser tratada por Sheinbaum y su gabinete de manera urgente, estableciendo medidas claras y efectivas desde el primer momento; y con una pauta distinta de la seguida en el sexenio actual, incorporando los señalamientos que tanto el MEH como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa denunciaron en su momento respecto a las barreras del Estado y las medidas desatendidas de restitución, reparación y no repetición.

Publicado originalmente en La Jornada.