Finalmente, ayer finalizaron las campañas electorales que, a pesar de que su duración formal prescrita por la ley es de tres meses, en los hechos han permanecido en la agenda mediática mucho más de un año. En este espacio hemos reivindicado más de una vez la importancia de las campañas electorales como una oportunidad para poner sobre la mesa los diagnósticos sobre las problemáticas de urgente atención en el país, así como las alternativas que se proponen para su atención desde el ejercicio del poder público. Sin embargo, tras el fin de esta campaña, queda la impresión de que acabó siendo la continuación del desafortunado proceso de polarización social que desde hace muchos años ha contaminado el diálogo público con los arcaicos antagonismos partidistas.

Sin duda, el mayor signo de preocupación que nos dejan las presentes campañas electorales es el de la violencia política. Desde inicios de este año, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que estas elecciones podrían ser no sólo las más grandes de nuestra historia, sino también las más violentas. Hoy, a escasos días de la cita electoral, se ha cumplido ese pronóstico desolador. Cifras de Integralia con corte al 28 de mayo precisan que, durante el proceso electoral federal 2023-2024, 749 personas candidatas, precandidatas o con alguna función pública fueron víctimas de violencia; de ellas, 231 fueron víctimas mortales. Con un promedio de 83 víctimas mensuales, la violencia política del presente proceso electoral es 150 por ciento mayor que la registrada en el proceso electoral federal 2020-21.

Vale la pena hacer notar, además, que en el transcurso del proceso electoral, el ritmo de la violencia fue subiendo con el pasar del tiempo. Cada mes superó la cifra de hechos violentos del mes anterior, de tal modo que mayo, es ya el mes más violento con 184 víctimas de violencia, superando las 162 víctimas de abril y las 146 víctimas de marzo. Estas cifras, que rebasan considerablemente al promedio del total del proceso electoral, son reflejo de un clima democrático cada vez más minado por la incapacidad del Estado de impedir la intromisión de intereses del crimen organizado, especialmente en el nivel municipal, donde ocurren 77 por ciento de los hechos de violencia política según cifras de Data Cívica.

Esta preocupante oleada de violencia política que previsiblemente continuará en los próximos días, convive con un clima de polarización que ha permeado en la sociedad por lo menos desde el proceso electoral presidencial anterior. Este clima ha determinado el tono del debate público entre partidos políticos, favoreciendo intercambios de mucha estridencia y poca sustancia, en los que ha abundado el uso de construcciones narrativas poco ajustadas a la realidad y ha escaseado el planteamiento de propuestas programáticas robustas.

En síntesis, lo que hemos visto en los últimos meses es la preponderancia de la agenda de los partidos políticos por sobre la agenda ciudadana. El resultado es que grandes preocupaciones se quedaron sin ser abordadas en la discusión electoral, lo cual sólo puede profundizar el distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política. La mala costumbre de enunciar propuestas sin establecer los medios para su logro se hizo presente en temas centrales como la política migratoria, la política exterior, el cuidado del ambiente, las violencias que azotan nuestro país, la salud o la educación. Ni qué decir de asuntos sensibles como el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, cuyo futuro se juega en buena medida en estas elecciones y cuyas implicaciones fueron escasamente abordadas en la contienda, a pesar de contar con abundantes elementos para su discusión. Desde luego, temas cruciales como el fortalecimiento democrático y la atención de las juventudes, especialmente las desencantadas de nuestro sistema político, deben contarse entre las grandes ausencias de las campañas electorales.

Frente a la crisis estructural e institucional que atravesamos, las campañas políticas no alcanzaron a delinear nuevos horizontes de nación. La violencia política, la superficialidad de las narrativas y la ausencia en el debate público de propuestas, han mermado la oportunidad del actual proceso electoral de fortalecer nuestro sistema democrático. Los principales responsables son los partidos, quienes debieran poner en el centro de su reflexión los intereses ciudadanos que están obligados a representar y con ello contribuir a paliar la grave crisis de legitimidad que padecen las agrupaciones políticas, especialmente entre las nuevas generaciones.

En la víspera de los comicios, a la ciudadanía nos toca mantenernos atentos del respeto a la veda electoral; el domingo, participar y cuidar el ejercicio democrático del voto, y, siempre, mantener nuestra exigencia y trabajo por la paz y la reconstrucción comunitaria, para contrarrestar los efectos de una campaña que ha contribuido más al divisionismo social que a abrir caminos de solución para nuestros problemas. Una vez más, la realidad nos llama a defender y ejercer nuestro derecho a la participación en su diversidad de formas y posturas; y a velar por el fortalecimiento democrático independientemente de quienes triunfen en la contienda.

La democracia se trata de pluralidad y conflictividad en diálogo; se trata de pesos y contrapesos. Ojalá que lo que trascienda al cierre de este proceso, por encima de la violencia política y la superficialidad de las narrativas, sea la voluntad ciudadana por participar y seguir fortaleciendo su capacidad de agencia y protagonismo en la definición del horizonte de país que merece y desea.

Publicado originalmente en La Jornada.