Mientras aumentan las evidencias que revelan la diseminación en casi todos los rumbos del país de fosas clandestinas y ahora de ranchos de adiestramiento, encontrados y documentados en buena medida gracias al esfuerzo de madres de desaparecidos, es importante preguntarnos cuál es el impacto diferenciado que estas dimensiones de violencia tienen particularmente en nuestras juventudes.

Hoy, cuando las instituciones públicas en México están llamadas a fortalecerse y articularse para hacer frente a la crisis generalizada sobre derechos humanos, agravada por la violencia macrocriminal y a responder a las repercusiones de la crisis económica, política y ambiental global, nuestro sistema y nuestra clase política vuelven a hacer gala de prácticas y vicios antidemocráticos que suponíamos haber dejado atrás.

Esta inercia a contrapelo de nuestros urgentes desafíos ha permitido la reproducción de las violencias y la continuidad de violaciones a derechos humanos, que encuentran condiciones propicias en las omisiones de un régimen que prioriza una agenda de legitimación popular y concentración de poder. En el marco de dicho contrasentido, numerosas personas resultan damnificadas, de manera particular las juventudes, a quienes la democracia ha fallado en brindar canales efectivos de participación e incidencia que les permita prefigurar horizontes esperanzadores para su futuro.

Nuestro sistema democrático, que supuso una larga construcción durante el siglo XX, se ha visto debilitado en los últimos años con la eliminación de contrapesos fundamentales; los cuales, a pesar de la narrativa con que han sido presentados, parecen estar diseñados para otro propósito pero no para frenar expresiones de concentración de poder que operan en detrimento de la calidad democrática y en contrasentido de la agenda de derechos. Es muestra de ello lo visto en los últimos días con el caso de Cuauhtémoc Blanco, en cuyo favor se gritó de manera tan vergonzosa como inverosímil la consigna feminista “no estás sola” para garantizar su impunidad frente a una acusación que lo señala como responsable de intento de violación. Pero también es evidencia de eso el caso de Sinaloa, donde el gobierno del estado se empecina en negar su responsabilidad frente al asedio de la violencia en muchos de sus territorios y minimiza los efectos de la persistente oleada de crueldad; o, en fin, casos como el del senador Miguel Ángel Yunes, cuya cooptación fue crucial para la aprobación a inicios de año del paquete de reformas constitucionales propuestas por la 4T.

El efecto de lo anterior es una institucionalidad cada vez más debilitada para atender la crisis generalizada en materia de derechos humanos, para elaborar estrategias de seguridad ciudadana pertinentes y para diseñar políticas públicas robustas para la reducción de las brechas de desigualdad. Una institucionalidad por ello incapaz de brindar horizontes de certidumbre de cara al futuro y brindar márgenes amplios para que nuestras juventudes construyan sus proyectos de vida.

Lejos de ello, hoy nuestras juventudes padecen una densa incertidumbre no sólo por el agotamiento del modelo de organización social y política global puesto en jaque entre otras causales por la crisis socioambiental, sino también por su contexto más inmediato en el que las oportunidades disminuyen y se precarizan. Los entornos de pobreza y marginación que padecen las mayorías en el país hacen inviable la continuidad de la educación de innumerables jóvenes. Con base en las cifras del ciclo escolar 2023-24, 62.5 por ciento de la población culmina la educación media superior, cifra lejana a la ideal, pero sólo 43.8 por ciento de la población ingresa a la educación superior, lo que no significa que la concluya.

Las oportunidades que abre la educación son prontamente canceladas ante la necesidad de suspender su trayectoria educativa para contribuir a la economía familiar, a través de trabajos cada vez más flexibilizados, cortoplacistas y precarizados. Si a esta precarización sumamos otras variables que imposibilitan el acceso a bienes primarios, como una atención integral de la salud, o el acceso a vivienda digna –cada vez más sometida a las lógicas del mercado–, terminamos de esbozar un panorama nada prometedor para las juventudes, que las predispone al inmediatismo y las coloca en el foco de interés para las redes de macrocriminalidad.

Ya sea por considerarlo la única opción viable en su contexto; o bien, como sucede con cada vez mayor frecuencia, a través de ofertas laborales engañosas o por la fuerza, los jóvenes son los más expuestos al reclutamiento del crimen organizado. El atroz hallazgo de Teuchitlán lo confirma otra vez, pero ya lo habíamos visto antes en casos como los de los jóvenes de Lagos de Moreno, de los estudiantes de cine en Guadalajara y en los hallazgos previos de centros de adiestramiento ubicados a lo largo y ancho del territorio mexicano. Y lo hemos vuelto a ver la semana pasada con el asesinato de ocho jóvenes en Salamanca, Guanajuato. Ello es la ratificación del desbordamiento de una institucionalidad que, al menos por omisión, permite que continúe el abandono de las juventudes a manos del crimen organizado.

A contrapelo de lo sostenido por la narrativa oficial, el debilitamiento democrático representa ahorros mínimos en términos presupuestales y altos costos en términos de justicia, derechos humanos y conflictividad social. El fortalecimiento democrático se traduce en ampliación de las capacidades del Estado para atender las profundas problemáticas sociales y estructurales y para salvaguardar las perspectivas de futuro de una sociedad.

Cuando no ocurre así, las juventudes resienten la merma en sus perspectivas de futuro y son expuestas a la apatía propia del inmediatismo, terreno que es infértil para la democracia, pero altamente propicio para la persistencia de viejos circuitos de poder y para la reproducción y empoderamiento de las redes de macrocriminalidad. En síntesis, abandonar a nuestras juventudes significa conspirar contra nuestro futuro.

Publicado originalmente en La Jornada.