El pasado sexenio cerró con una controversial medida que afectará directamente a la ciudadanía en múltiples aspectos; se trata de una reforma, publicada en diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, que avala la desaparición de organismos autónomos en México, cuyas funciones sean absorbidas por el Estado.

Instituciones como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y una de las más preocupantes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cerraron sus puertas desde la expedición de esta medida.

El INAI cesó funciones el pasado 21 de marzo. A raíz de esto, la ciudadanía, y en específico el gremio periodístico, señaló enérgicamente que esta decisión perjudica directamente el derecho de la ciudadanía al acceso a la información, el cual es un derecho humano plasmado en la Declaración Universal.

El Lic. Efraín Tzuc Salinas, analista de investigación en la organización independiente Quinto Elemento Lab, detalló este panorama en la IBERO Puebla, en la charla Transparencia y derechos humanos, en el que comenzó por explicar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la cual fue producto de años de lucha de periodistas y activistas.

Con la entrada en vigor de esta ley, comenzó una era de masividad documental en la que el gremio pudo revisar la información para realizar grandes piezas periodísticas, como la Casa Blanca, la Estafa Maestra, el País de las 2,000 Fosas, Desaparecer en Puebla, entre muchas otras que cuestionaron y expusieron las malas prácticas de poder que prevalecían en el país.

Ahora, la reforma determina que este instituto de acceso a la información desaparecerá, y sus funciones serán absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la cual pasará de ser un órgano colegiado autónomo a un órgano descentralizado, lo que implica que cada poder estatal tendrá su propio órgano garante de la información, pasando de 1 a 18.

Igualmente, se amplían las reservas de información bajo otra serie de conceptos ambiguos, se modifican los lineamientos para investigar casos de corrupción —pues estos ya deben contar con una sentencia para poder acceder a su información—, y se eliminan facilidades para poder apelar a respuestas incompletas o no dadas, como la facultad de atracción, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.

“La preocupación es que ahora lo va a determinar [el acceso a la información] un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, ya no un órgano colegiado, y es solo una persona. Vamos a depender de esa interpretación”, explicó el experto, que al igual que una gran parte del gremio, está profundamente preocupado por la violación al derecho humano de estar informados.