El 5 de septiembre pasado se llevaron a cabo detenciones arbitrarias vinculadas con actos que pueden constituir tortura, tortura sexual, tratos crueles, inhumanos y degradantes, agresiones verbales, racistas y homofóbicas en contra de quienes protestaban en las instalaciones de la Alcaldía de Xochimilco, para exigir la eliminación de la fabricación de delitos en contra de la defensora Hortensia Telesforo.

Entre las personas detenidas de manera arbitraria se encontraba Anselma Margarito, integrante de la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México.  Después de más de nueve horas, tras obtener su libertad, Anselma relata la manera en que fueron agredidas: “Era muy feo, la manera que te agarran, se reían de la manera en que te agarraban, parecía que era un juguete”.

La represión llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se suma a anteriores hechos en los que el uso excesivo de la fuerza pública da como resultado vulneraciones a los derechos humanos en contra de Integrantes de la Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX, en un contexto de sistemática violencia en contra de comunidades originarias en el país, así como a defensores y defensoras del territorio.  

De acuerdo con el Informe elaborado por del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA) después de su visita a México, las afectaciones relacionadas con detenciones arbitrarias se presentan de manera particular y afirman: “La discriminación que han sufrido varios miembros de Pueblos Indígenas les ha conducido a su arresto y al sometimiento a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. En muchos casos son detenidos por ejercer y defender sus derechos”.

La brutalidad del uso de la fuerza ejercida en contra de integrantes de Comunidades Indígenas por Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública no es únicamente una acción llevada a cabo solo por “algunos” servidores públicos de las corporaciones, es decir, no es una acción aislada. Al contrario, es también el resultado de un sistema racista-colonial que, para imponer su dominación, requiere del ejercicio de la violencia y encuentra en la institución policial y militar la vía idónea para lograrlo. El informe antes citado subraya cómo “las personas indígenas a veces son golpeadas para obligarlas a aceptar responsabilidad y son llamadas ‘indios’ durante los arrestos”.

Asimismo, a lo largo del país las detenciones arbitrarias en contra de defensoras y defensores del territorio han sido ampliamente documentadas, así como los impactos diferenciados a comunidades indígenas tras las detenciones y fabricación de delitos, entre ellos, la desmovilización de las luchas por sus derechos colectivos.

En cuanto a la Comunidad Indígena Otomí Residente en la CDMX, la movilización ha girado en torno a construir autonomía, a enfrentar el despojo y la represión, y a exigir vivienda digna, salud, educación, trabajo, alimentación y justicia.

Estas realidades y exigencias no reciben comprensión institucional ni despliegue de acciones, entre muchos ejemplos, tenemos la mutilada reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos.Por el contrario, son cooptadas las narrativas de movimientos sociales para minimizar su potencia transformadora y continuar con el extractivismo.

A pesar de este panorama, la fuerza de las movilizaciones de comunidades indígenas y colectividades solidarias sigue vigente. En marzo de este año, Anselma adelantaba “decirles que, aunque seamos discriminadas, aunque este mundo no nos quiera, decirles que seguimos aquí, decirles que seguimos representando a la Comunidad Otomí y que vamos a seguir luchando, les parezca o no les parezca”.

Tal y como se mencionó el 5 de septiembre afuera de las instalaciones de la Fiscalía en Tlalpan y en el conversatorio “¿Por qué es necesario hablar de detención arbitraria en México?”, por integrantes de la Comunidad Indígena Otomí Residente de la CDMX, la obtención de la libertad de las diez personas detenidas arbitrariamente se logró por la acción colectiva de diferentes comunidades y organizaciones.  

Nos queda continuar con el cuestionamiento del uso arbitrario de la detención de personas, y de aquellas vulneraciones a derechos humanos vinculadas, como la criminalización, la tortura, la tortura sexual, los tratos crueles inhumanos y degradantes, la desaparición de personas, en búsqueda de una protección integral de todas las vidas.

De allí, la importancia de conocer el Informe del GTDA sobre México, pues, sistematiza información que brinda algunas pistas para comprender la manera en que se ejerce la violencia y recomendaciones para erradicarla. Esto, sin obviar el necesario señalamiento y transformación de aquellas condiciones sociopolíticas que afectan estructuralmente el vivir dignamente en un país como México.

Referencias  
Frente por la libertad de expresión y la protesta social. (2024). Represión y criminalización de la protesta contra personas defensoras y periodistas en Xochimilco y Tlalpan el 5 de septiembre de 2024.  
Naciones Unidas. (2024). Visita a México. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.  
Front Line Defenders. (2024). Alertan organizaciones sobre detención arbitraria, prisión preventiva e imposición de sentencias largas contra personas defensoras indígenas criminalizadas. 
Desinformémonos. (2024). «Aquí construiremos la casa de todos los pueblos», anuncian otomís a cuatro años de la toma del INPI». 
Educa Oaxaca. (2024). Por unanimidad, aprueban reforma “descafeinada” sobre pueblos indígenas y afromexicanos. 
IBERO Puebla. (2024). Conversatorio ¿Por qué es necesario hablar de la detención arbitraria en México?  Youtube. https://bit.ly/4h2bcI6

Publicado originalmente en e-consulta.