Familiares de personas desaparecidas y colectivos han expresado en las últimas semanas su preocupación e indignación tras la emisión de la convocatoria para ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP), cuyo resultado ya es conocido.

La falta de consulta del Gobierno del Estado de Puebla a familiares y colectivos, así como la ausencia de mecanismos que posibiliten un diálogo horizontal en procesos tan importantes como la designación de la titularidad de la CBPEP, ha obstaculizado su derecho de participar en el diseño e implementación de políticas públicas y prácticas institucionales relacionadas con la Búsqueda de Personas.

Es revelador que después de terminado el proceso de designación el gobierno invite, con un tono discursivo particular, “a todos los que han reclamado participación en esto, que se acerquen para que nos ayuden en este importante tema”.

Con esto, se muestra la perspectiva limitada de lo que implica el ejercicio de los derechos de familiares. Su derecho a participar en prácticas institucionales claves en materia de búsqueda de personas se reduce a convertirles en sujetos pasivos de las mismas, a quienes solo se les informa hasta el último momento de las decisiones tomadas.

Revictimización de familiares
Por otro lado, la frase “que se acerquen para que nos ayuden en este importante tema” evidencia la reproducción de un discurso revictimizante, que reiteradamente familiares de personas desaparecidas sufren y enfrentan. En Fiscalías, las autoridades transfieren las responsabilidades estatales a las familias en materia de búsqueda, ya sea por inacción o por falta de capacidades (bit.ly/3GnwvpU), en ocasiones, incluso se expresa como reclamo de Agentes del Ministerio Público a familiares: “si no nos trae nada nuevo no podemos avanzar en la investigación”.

En esta contradicción nos encontramos, no solo a nivel de investigaciones individuales, sino también respecto al diseño e implementación de políticas públicas y prácticas institucionales relacionadas con la prevención de la desaparición y búsqueda de personas.

Es así como, garantizar genuinamente el derecho a participar en procesos institucionales, contemplaría mecanismos de colaboración directa de colectivos y familiares, como se establece en normativa local, nacional e internacional: en todas sus etapas y en todos sus alcances.

Corresponde a las autoridades asegurar la construcción de estos mecanismos, no surgen de manera espontánea, conllevan trabajo de gestión, vinculación, escucha, reconocimiento y acción ante el dolor provocado por las desapariciones. Asimismo, generar confianza, articulación con sociedad civil, valorar el conocimiento de los contextos de desapariciones que poseen otros y tomarse en serio las exigencias, necesidades y saberes de familiares y colectivos en búsqueda, con la incorporación de sus aportes toma de decisiones.

Revictimización a nivel nacional
Sin embargo, esto no debería ser nuevo para administraciones gubernamentales, continuamente se ha señalado por colectivos en el país. Por ejemplo, el año pasado, en un pronunciamiento el Movimiento por nuestros desaparecidos en México describió en pronunciamiento:

La consigna “sin las familias no” implica una demanda a las instituciones de crear mecanismos que fortalezcan la participación y el debate en torno a los derechos de los familiares de personas desaparecidas. El trabajo conjunto es esencial para construir confianza y canales de comunicación sólidos, elementos fundamentales en una democracia (bit.ly/42unrIm).

No sobra mencionar el contexto nacional en el que colectivos han exigido:

La participación efectiva y sustantiva de familiares, colectivos y plataformas debe darse de manera transversal a los distintos ejes temáticos y traducirse en herramientas y procesos concretos ¡Sin las familias NO! (bit.ly/4lWOnbt).

Las omisiones respecto a la convocatoria son conocidas, la instrumentalización del discurso de participación ciudadana y de derechos humanos es evidente. Hasta ahora no se conoce si la “reingenieria institucional” de la búsqueda conlleva algo más que el cambio de puestos. Aunque todo lo anterior no sea algo nuevo, aunque resulte casi una obviedad, es necesario caracterizar la manera en que se vulneran los derechos de familiares de personas desaparecida, exigir condiciones directas de participación, sobre todo cuando se trata de la búsqueda de personas desaparecidas.

Publicado originalmente en Ángulo 7.