Las diferentes realidades vividas a partir de la violencia requieren comprensiones explicaciones, abordajes y afrontamientos construidos a partir de una perspectiva que tome en cuenta la integralidad de las experiencias, que contemple las particularidades de cada persona o colectividad afectada, sin reducir las causas a “casos aislados”.

La fragmentación de las respuestas frente a la violencia reduce las posibilidades de garantizar atención oportuna, esclarecimiento de los hechos, acceso a la justicia, así como la construcción de medidas institucionales integrales que eviten la repetición de los hechos.

El Estado suele enfocarse en llevar a cabo acciones inconexas, meramente asistencialistas, y sostenidas en una estrategia de negación sobre los hechos generadores del dolor que atraviesan las personas afectadas, particularmente, madres buscadoras y cuidadoras de personas con discapacidad.

Esta complejidad se profundiza cuando la violencia constituye una violación grave a los derechos humanos (desaparición forzada, feminicidio, tortura, tortura sexual, desplazamiento, trata de personas, ejecuciones arbitrarias). En este artículo, se aborda el cruce entre la experiencia de Madres Buscadoras que cuidan a personas con discapacidad, es decir, corporizan la búsqueda de su ser querido, posible de comprender cuando levantan su voz y gritan: “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”; pero también, defienden el derecho al cuidado desde una perspectiva crítica de la discapacidad.

Familiares en Puebla han señalado un sinfín de obstáculos institucionales, como la dilatada puesta en marcha de acciones de búsqueda e investigación, agravada por condiciones estructurales en las que se dan las desapariciones, dado que muchas de ellas se enmarcan en la descripción que la investigadora Karina Ansolabehere hace sobre las características de las víctimas de desaparición: “las principales víctimas son personas jóvenes, mujeres y hombres de escasos recursos económicos. Son personas que no forman parte de las élites políticas, sociales, económicas y culturales”1.

Para las madres buscadoras, este entramado de condicionantes sociales y obstáculos se cruza con la experiencia de cuidar a familiares con alguna discapacidad, en un país donde seguimos sin garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En otras palabras, el cuidado acompaña las acciones de búsqueda, lo que lleva a Madres buscadoras a asumir no solo ambos roles de manera simultánea, también, implica una sobrecarga de trabajo no remunerado y una agudización de las consecuencias de la desaparición.

Así, los impactos de la desaparición se complejizan frente a una deficiente institucionalidad que garantice los derechos de las personas con discapacidad, por lo que se convierte en una condicionante más para garantizar la vida digna de las familias buscadoras. A pesar de las propuestas, no se cuenta con un adecuado Sistema de Cuidados y las políticas, medidas y acciones locales están lejos de brindar una respuesta integral en este rubro.

Otra muestra es el menosprecio institucional que en los últimos años se ha mostrado frente a la exigencia de construir mecanismos que aborden la discriminación en el Estado. Es decir, la falta de designación de la persona titular del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla y su puesta en marcha junto con la adopción de reformas necesarias para garantizar que dicho mecanismo funja para no solo para sancionar las acciones de discriminación, sino para implementar medidas de no repetición.

Además, la vivencia de la discapacidad ha afectado directamente a madres o familias buscadoras. Así lo ha documentado el Informe sobre afectaciones a la salud de familiares de personas desaparecidas, y la respuesta institucional en México, en el cual se observa que más de una cuarta parte (27%) de las personas familiares encuestadas dijo vivir con una discapacidad (Psicosocial: 31%, Física: 30%, Visual: 25 %, Auditiva: 17% y Múltiple: 11%)2.

Esto implica no estandarizar la manera de brindar medidas de atención a familiares de víctimas de desaparición; tomar en cuenta con exhaustividad las circunstancias de cuidado de personas con discapacidad; y rediseñar la manera en que se garantiza los derechos de personas con discapacidad.

En Puebla, la exigencia continua de familiares que buscan ha ido colectivizándose, el amor por sus seres queridos ha generado una fuerza social que se entrecruza con diferentes señalamientos de injusticias, de la inacción de las autoridades y de la indiferencia social.

A su vez, personas con discapacidad y personas cuidadoras se organizan, toman diferentes dimensiones del espacio, tanto público como comunitario y exigen una vida digna.

Publicado originalmente en El Universal Puebla.