La defensa de los derechos humanos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. En su más reciente informe de 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó que en ese año ocurrieron 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas y 25 letales.

El propio informe advierte que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos ambientales se mantuvo en niveles alarmantes, con un alto número de homicidios, procesos de criminalización y agresiones vinculadas al derecho a la protesta. El dato más preocupante radica en la participación de actores estatales, pues el Estado fue identificado como principal agente agresor, con responsabilidad en el 65.9 por ciento de los casos registrados. Esto confirma que, lejos de garantizar la seguridad, en muchos casos las instituciones reproducen la violencia.

Un ejemplo ilustrativo de esta problemática es el caso de Saúl Rosales, defensor comunitario que fue criminalizado y sometido a procesos penales debido a su participación en la defensa del territorio. Aunque hoy se encuentra en libertad, su experiencia evidencia cómo la criminalización opera como una estrategia para debilitar los liderazgos comunitarios y generar un efecto disuasorio entre quienes ejercen legítimamente su derecho a la protesta. Su caso trasciende lo individual y simboliza la resistencia de cientos de personas que, en sus contextos locales, enfrentan a empresas, autoridades y grupos armados que buscan imponer proyectos sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado.

La protección de las personas defensoras de derechos humanos no es sólo una exigencia ética, sino también una condición indispensable para la democracia. Defender el ambiente, la tierra y el territorio, implica garantizar el acceso a información, el derecho a la participación y la posibilidad de cuestionar modelos de desarrollo que priorizan el lucro sobre la vida. Su labor impacta directamente en la sociedad al salvaguardar ecosistemas, promover la justicia social y preservar la memoria colectiva de los pueblos. La ausencia de protección no solo amenaza a individuos, sino que erosiona el tejido democrático y perpetúa la impunidad.

Ante este panorama, la articulación de esfuerzos entre organizaciones, comunidades y personas defensoras del ambiente y territorio para fortalecer capacidades de autoprotección, visibilizar casos y presionar al Estado para cumplir con sus obligaciones internacionales resulta esencial. Estos procesos no sólo acompañan, sino que también reivindican la dignidad de quienes defienden, recordando que su labor beneficia a toda la sociedad y que su protección es un deber compartido.

La violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en México es un reflejo de los déficits democráticos y de justicia que aún persisten. Preguntarse quién defiende a quienes defienden es reconocer la necesidad de construir marcos de protección efectivos, donde la vida y la dignidad estén en el centro. Sin ellas y ellos, la posibilidad de imaginar un futuro justo, sostenible y respetuoso de los derechos colectivos se ve seriamente amenazada. En este sentido, la finalidad de este espacio a cargo de quienes integramos la Iniciativa DefiéndeMEsoamérica es visibilizar las historias de defensa, pues en la resistencia de las personas defensoras también se sostiene la esperanza de nuestra sociedad.

Publicado originalmente en MTP Noticias.