La expresión warfare es utilizada en inglés para referir una situación de conflicto, especialmente, de conflicto armado; es decir, una guerra. De ese origen lingüístico es la expresión lawfare que combina las palabras law (derecho) y warfare para significar algo así como la “guerra jurídica” o, más precisamente, una forma de confrontación empleando a las instituciones jurídicas (las leyes, las fiscalías y los jueces, principalmente) como armas. Lawfare, parece una expresión metafórica pero no lo es tanto como podría suponerse.

En la doctrina militar, el lawfare es un conjunto de estrategias que se emprenden de manera previa o simultánea al uso de armas para justificar la guerra. El trabajo de los “ejércitos de abogados” es “demostrar” que el estallido de una bomba y su secuela de destrucción ha sido respetuoso de las formas jurídicas. Así, si un misil destroza en pedazos a un hospital, una escuela o un campamento de refugiados, lo cual en principio está prohibido por las normas de derecho internacional, los juristas de la guerra se apresuran a demostrar, por ejemplo, que ese lugar era el resguardo de un grupo de terroristas o un laboratorio de armas biológicas. Por lo tanto, bajo esos argumentos, incluso una guardería puede constituir un objetivo militar “legítimo” (ustedes perdonen el desagradable sarcasmo…).  

Otra forma de lawfare es la persecución de objetivos políticos a través de la manipulación del derecho para deshacerse de líderes incómodos. Así, las potencias europeas, antes y después de los movimientos independentistas en el continente africano de la década de 1960, emplearon estrategias de lawfare para combatir a los líderes nacionalistas que entorpecían sus intereses coloniales. Quizá el ejemplo más conocido de esto es el juicio y encarcelamiento de Nelson Mandela. El líder sudafricano estuvo preso durante 27 años acusado de terrorismo, antes de ser reivindicado como un preso político y liberado en 1990. Cuatro años más tarde se convertiría en el primer presidente negro de ese país.

Varios líderes latinoamericanos han sido víctimas de esta instrumentalización perversa del derecho como mecanismo intervencionista de intereses extranjeros. Documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos dan cuenta de estas prácticas para derrocar gobiernos como el de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954.  

Pero no tenemos que ir tan lejos en la historia… Quizá el lector aún recuerda el lamentable papel del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al declarar que Evo Morales cometió un fraude en el proceso electoral del año 2019 en Bolivia. Las declaraciones del secretario terminaron legitimando el golpe de estado que derrocaría al primer (y, hasta ahora único) presidente indígena de la nación andina. Los análisis posteriores del caso demostraron que nunca hubo pruebas del fraude electoral alegado por Almagro y los opositores que asestaron el golpe.  

Otro caso ilustrativo de lawfare es el derrocamiento de quien fuera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y la condena de Luis Inacio Lula Da Silva en el año 2018. En ese momento Lula Da Silva lideraba las encuestas para lograr, por tercera ocasión, la victoria en el proceso para la elección presidencial. La estrategia de lawfare fue eficaz: casi dos años estuvo preso el líder brasileño. Posteriormente sería exonerado al demostrarse que el proceso judicial que lo condenó había sido injusto y que nunca hubo pruebas reales que lo inculparan. De regreso en la arena electoral, en 2022 volvió a ganar las elecciones presidenciales.  

Es importante advertir que en un caso de lawfare el derecho solamente es el instrumento para ocultar las intenciones políticas de un actor con poder suficiente para imponer una narrativa. Los medios de comunicación juegan un papel clave. Sin la difusión mediática de los argumentos pseudo-jurídicos sería imposible dotar de credibilidad la narrativa de legalidad sobre una bomba que asesinó a civiles inocentes, sobre la represión de un movimiento social o la corrupción de un adversario político que cuenta con respaldo electoral mayoritario.

Dicho lo anterior, conviene poner atención en los actores y las intenciones ocultas de quien pone en marcha la estrategia de guerra jurídica.  

Todo parece indicar que las próximas semanas, meses o quizá años, México será el escenario de un nuevo episodio de lawfare. Los ciudadanos deberemos estar atentos para evitar caer en el juego del debate jurídico sin atender el asunto de fondo: los intereses políticos y económicos de los actores. No lo olvidemos: estirar el estado de derecho conlleva el riesgo de desgarrar a la nación dolorosamente. 

Publicado originalmente en Ángulo 7.