Los días transcurren y seguimos navegando el río revuelto de la información en torno al caso Teuchitlán. Pasado el shock de las imágenes de los zapatos, ropa y mochilas que dieron la vuelta al mundo, entramos a la etapa clave donde se construirá la verdad del caso. Frente a lo que representa en torno a la crisis de la desaparición de personas en nuestro país -donde, al 4 de abril, había 126 mil 853 personas desaparecidas y no localizadas de acuerdo con el registro oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda- es fundamental que el Estado mexicano garantice el derecho a la verdad.

De acuerdo con Naciones Unidas, este derecho “entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación”. Como sociedad, es necesario entender qué pasó en el rancho Izaguirre y por qué, para poder dimensionar el cómo podemos enfrentar esta problemática para garantizar el acceso a la justicia, la no repetición y la construcción de un camino hacia la pacificación. Así como hace más de diez años Ayotzinapa visibilizó la problemática de las fosas clandestinas y la desaparición forzada de personas, hoy Teuchitlán representa una oportunidad donde el derecho a la verdad está en juego.

Aquí algunos elementos a seguir:

La disputa por la narrativa principal: el campo de entrenamiento contra el campo de exterminio. El Gobierno Federal, junto con la Fiscalía General de la República, han apostado por ir construyendo una narrativa que apunte a que el rancho era utilizado como un lugar de entrenamiento del crimen organizado, frente a la hipótesis de los colectivos de que era un espacio donde había indicios de fosas y hornos crematorios para la eliminación de cuerpos. Aquí, por ejemplo, se enmarca la visita al rancho que se dio hace algunas semanas, donde se presentó un espacio casi limpio, sin los indicios que habían encontrado las madres buscadoras y que dieron la vuelta al mundo. La narrativa oficial apuntaría a un: es grave, pero no tan grave. Como si el hecho de que se tratara de personas que fueron reclutadas forzadamente o, incluso, incorporadas voluntariamente ante la falta de oportunidades, no tuviera relevancia en un contexto de violencia generalizada.

El papel de los medios de comunicación: En esta construcción de la narrativa predominante, los medios de comunicación tendrán un rol fundamental en cuanto, por un lado, a posicionar la versión oficial -sobre todo aquellos medios comerciales y públicos pro4T- y por otro, la posibilidad de poner en tela de juicio esas versiones e indagar de manera independiente los hechos. Al igual que en el caso Ayotzinapa o San Fernando, el periodismo puede abrir nuevas líneas de investigación y poner sobre la mesa elementos que permitan entender lo que pasó ahí.

La falta de información sobre los hallazgos y la identidad de las personas. Es importante saber la función del rancho, pero aún es más importante saber a quiénes pertenecían esos objetos hallados. Independientemente del uso, las personas que pasaron por ese lugar son víctimas de la crisis de violencia. Son personas que seguramente son buscadas por sus familiares y por ello es indispensable que se tenga acceso a esas pruebas que permitan identificar a sus propietarios. Hablamos de personas.

Información de otras instancias y el uso de la tecnología: Hace unos días, el diario El País tuvo acceso a un estudio de investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que ha identificado “altas concentraciones de ceniza” y humo de hidrocarburos en el rancho Izaguirre en 2019, años antes de que se descubriera su vínculo con actividades criminales. El estudio recupera imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea para analizar concentraciones de ceniza inusuales. Así como en el caso Ayotzinapa el uso de otros recursos y la participación de otras instituciones e instancias permitió acércanos más a la verdad, en el caso Teuchitlán representa un área de oportunidad el uso de más recursos.

El Estado mexicano tiene frente a sí la oportunidad de no construir una verdad histórica sin elementos impuestos como Ayotzinapa, y garantizar el derecho a la información tanto a las víctimas como a la sociedad que nos dé pistas para comprender mejor nuestro contexto y sobre todo apuntar a mecanismos de justicia y verdad para encontrar salidas a lo que vivimos. 

Publicado originalmente en e-consulta.