Se cumplen diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Una década de lucha por la memoria, la verdad y el acceso a la justicia. Una década donde fue y sigue siendo el Estado el principal responsable.

Primero hay que recordar que aquel 26 de septiembre de 2014, además de los estudiantes desaparecidos, seis personas más fueron ejecutadas y cuarenta más lesionadas. De acuerdo con el Centro Prodh, a consecuencia de los sucesos en Iguala, hay más de 180 víctimas directas y aproximadamente 700 víctimas indirectas. El Caso Ayotzinapa es uno de los casos, si no es que el más paradigmático del México contemporáneo, en la continua crisis de derechos humanos desatada por la fallida estrategia de seguridad en el combate al crimen organizado.

Puso sobre la agenda mediática y política, la grave problemática de la desaparición forzada en un país plagado de fosas clandestinas. Es cierto que casos como San Fernando ya habían pasado y nos habían horrorizado, pero no generaron la indignación social, principalmente de jóvenes (muchos de ellos activos por el #YoSoy132), que vieron en aquellos estudiantes a sus pares. Ayotzinapa nos despertó del Mexican Moment, fue un punto de quiebre.

El décimo aniversario coincide con el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Resolver el Caso Ayotzinapa era uno de sus compromisos de gobierno. El número 89: “Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables”. ¿Hubo avances? Algunos.

Al arranque del sexenio se crearon la Comisión de la Verdad y la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el caso Ayotzinapa (UEILCA). El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) retomó sus trabajos y se terminó de desmontar la llamada ‘Verdad histórica’ del gobierno de Enrique Peña Nieto, aquella que decía que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Se encontraron nuevos indicios que apuntaban a otras líneas de investigación, a nuevos lugares y actores, particularmente a la participación activa de las Fuerzas Armadas. Y ahí, la investigación topó con pared. Diez años después, sabemos que no pasó, pero seguimos desconociendo la verdad y el castigo a los responsables aún está muy lejos.

¿Falta de voluntad política? Quizá. ¿Pesaron más las relaciones con el Ejército y su papel como aliado en la autodenominada Cuarta Transformación? También quizá. La realidad es que Ayotzinapa será la promesa incumplida en materia de derechos humanos del gobierno de López Obrador. Por un lado, refleja el desdén del Estado mexicano por esclarecer los hechos y llegar a la verdad como punto de partida para el acceso a la justicia. Por otro, es la materialización de un Ejército intocable que este sexenio no solo ha sido punta de lanza de la estrategia de seguridad (fallida como vemos en Sinaloa y hoy ya en la antesala de sumar a la Guardia Nacional) y cuyos brazos se han extendido por funciones antes civiles.

¿Podemos esperar algo diferente el próximo sexenio? Lo dudo. A diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum no puso sobre la campaña el compromiso de atender el caso y si bien ha manifestado dar continuidad a la investigación, sus prioridades estarán enfocadas en otros rubros (empezando por el enrollo en que entramos con la reforma al Poder Judicial). También es cierto que el momento histórico es distinto y la oportunidad para generar una investigación eficaz con el respaldo presidencial ha pasado.

Díez años después, Ayotzinapa sigue siendo el Estado. Un Estado incapaz de implementar acciones de búsqueda eficaces y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, un Estado incapaz de localizar e identificar miles de cuerpos, un Estado incapaz de llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas.

Ayotzinapa es la deuda a la verdad. Primero y principalmente para los padres y madres que se han enfrentado con una dignidad absoluta el desdén gubernamental. Segundo, para todas y todos como sociedad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 19 de septiembre –fecha de cierre de este texto– había 115 mil 102 personas desaparecidas y no localizadas. Si permitimos que Ayotzinapa quede en la impunidad, qué podemos esperar de los demás casos presentes y futuros. No olvidar: memoria, verdad y justicia. Ayotzinapa fue y sigue siendo el Estado.

Publicado originalmente en e-consulta.