Pasada la resaca del cambio de gobierno, el inicio de una nueva administración al frente del país siempre representa una oportunidad para poner sobre la mesa los retos y desafíos existentes en diversas materias. En ese sentido, el derecho a la información y la libertad de expresión constituyen dos pilares fundamentales de un sistema democrático y elementos indispensables para el ejercicio de otros derechos humanos. Aquí tres puntos de partida para delinear una agenda mínima para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Violencia contra la prensa
Quizá el punto más urgente. México es considerado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. De acuerdo con Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 167 periodistas en posible relación con su labor informativa. Tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 47 periodistas fueron asesinados y cuatro más desaparecidos.

Amenazas, agresiones y asesinatos, principalmente por parte de funcionarios públicos, es parte de la cotidianidad a la que se enfrentan los periodistas en México, de manera especial en entidades donde se ha concentrado la llamada guerra contra el narco. Aunado a ello, la descalificación y estigmatización desde la palestra presidencial y el efecto cascada a nivel local, generan un clima adverso para el ejercicio de la libertad de expresión.

Ante este contexto, resulta necesaria la atención de las causas de la violencia contra la prensa, particularmente el trabajo de sensibilización con funcionarios públicos; el fortalecimiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que el sexenio pasado vio eliminado su fondo correspondiente; y la mejora en el sistema de justicia para erradicar la impunidad como principal aliciente de la violencia.

Publicidad oficial
Al arranque de su sexenio, López Obrador se comprometió a reducir a la mitad el gasto en publicidad oficial, es decir, los recursos que destina el gobierno a los medios de comunicación. Con base en datos del ComSoc recuperados por Artículo 19 y Fundar, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se ejercieron 80,283 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2023, el ejercicio fue de 14,500 millones.

Si bien la reducción es significativamente menor, entre las deficiencias que aún existen se encuentran la concentración de muchos recursos en pocos medios y la falta de reglas claras en su asignación. Un análisis hecho por Artículo 19 y Fundar señala que diez medios de comunicación concentran el 48.57% de la publicidad oficial, mientras que el 51.43% restante se distribuye entre 911 medios de comunicación.

En ese sentido, es necesario reformar la Ley General de Comunicación Social, la cual no cumple con los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e institucionaliza malas prácticas. Dichas modificaciones tienen que incluir criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, que permita una distribución más equitativa y bajo parámetros que limiten las relaciones políticas para premiar o castigar a los medios de comunicación.

Fortalecimiento del INAI y el IFT
En febrero de 2024, López Obrador presentó la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia de simplificación orgánica, la cual busca desaparecer, entre otros organismos, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ambos están encargados de velar por derechos vinculados con el derecho a la información: el INAI como responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales y el IFT, el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

La propuesta presidencial, que de momento se encuentra detenida, plantea que sea el Poder Ejecutivo quien absorba estas funciones pasando a ser juez y parte. Es cierto que los órganos constitucionales autónomos no son perfectos y tienen amplias áreas de revisión y mejora; a partir de ello, por ejemplo, desde la IBERO Puebla hemos planteado: a) el fortalecimiento en la protección y garantía de derechos humanos; b) la revisión presupuestal; y c) el fortalecimiento de los procesos de designación.

Estos tres puntos no son los únicos para una agenda mínima del derecho a la información, que debe incluir puntos como el fortalecimiento de los medios públicos y el derecho a las TIC, pero son un punto de partida para caminar en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.

Publicado originalmente en e-consulta.