La defensa de los derechos humanos es un derecho fundamental reconocido por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Este marco adquiere especial relevancia en contextos como el de México, donde las vulneraciones de derechos se han convertido en una práctica recurrente. En un país marcado por la desigualdad, la violencia y la impunidad, la promoción y protección de los derechos humanos resultan esenciales para garantizar condiciones de vida dignas, igualdad, justicia y libertad, además de constituir un freno a los abusos de poder.

A pesar de contar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 32 comisiones estatales, estas instancias no han logrado cumplir su principal propósito: ejercer su autonomía para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas en México. Su dependencia del poder público, en particular del poder ejecutivo, junto con su limitada capacidad técnica y jurídica, ha impedido que investiguen, documenten y emitan recomendaciones efectivas para erradicar las violaciones a los derechos humanos. El sistema ombudsperson mexicano no ha respondido de manera adecuada y eficiente a violaciones graves como las desapariciones forzadas, los altos índices de impunidad y los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. Estas situaciones no solo vulneran la dignidad de las personas, sino que también amenazan los cimientos de una democracia sólida.

Organizaciones como Amnistía Internacional han exhortado a las autoridades mexicanas a priorizar la protección de las víctimas y garantizar una justicia efectiva. Entre sus principales recomendaciones destacan la implementación de mecanismos independientes para investigar violaciones a los derechos humanos y el establecimiento de medidas de seguridad eficaces para quienes trabajan en su defensa. Estas acciones son urgentes, sobre todo en un contexto donde México figura entre los países más afectados por desapariciones, según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

En palabras de Ignacio Ellacuría, SJ: “Los derechos humanos no son un lujo, sino la base de una sociedad justa”. Ellacuría sostenía que la justicia social y el respeto por la dignidad humana son inseparables de una verdadera democracia. Desde esta perspectiva, los derechos humanos no solo protegen al individuo, sino que también funcionan como un dique contra la impunidad y promueven el bienestar colectivo.

Inspirada por el legado de Ellacuría, IBERO Puebla ha asumido un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos. A través de una educación con pertinencia social, las universidades jesuitas fomentan en sus estudiantes una conciencia crítica y comprometida frente a las injusticias, preparándolos para convertirse en agentes de cambio. Para la IBERO Puebla y el resto de las universidades que integran el Sistema Universitario Jesuita, participar activamente en proyectos de incidencia social y acompañar a comunidades y colectivos vulnerables constituye una contribución significativa al fortalecimiento del tejido social y a la promoción de una cultura de paz.

Este 10 de diciembre conmemoramos el 76.º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una oportunidad para renovar nuestro compromiso y energía en la construcción de una sociedad más justa y democrática, tanto en Puebla como en el resto del país. Los retos que enfrentamos son inmensos, pero nuestro compromiso es aún mayor. Por ello, seguiremos instando al gobierno, a otras universidades, a la sociedad civil organizada, a los movimientos sociales y a todos los actores interesados a trabajar juntos para hacer de los derechos humanos una realidad efectiva.

Publicado originalmente en Ambas Manos.