• Uno de cada cinco poblanos ha experimentado actos de corrupción. 

Polarización, falta de confianza, retrocesos y corrupción. La IBERO Puebla ha realizado un análisis de la situación política de México. Ante el inicio del periodo de campañas y el fin del sexenio, el panorama requiere de atención y acciones concretas que la Universidad propone a través de su Agenda institucional 2024: de la reflexión a la acción. 

En dicho estudio, se muestra el rezago de la democracia, el derecho a la información y de la rendición de cuentas. De acuerdo a la edición 2022 del Índice de desarrollo democrático de México, Puebla es el estado peor calificado a partir de las democracias de los ciudadanos, de las instituciones, la social y humana, y la económica. 

También se identifica que la entidad no cuenta con un marco normativo para la asignación de publicidad oficial, y esta falta abre la puerta a decisiones arbitrarias y al uso de la pauta oficial como instrumento de presión política. Además, los medios públicos no aseguran el acceso a contenidos que promuevan la integración social, la educación y la cultura, por lo que no se hace visible la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones.

Finalmente, un 19.6% de poblanos y poblanas han experimentado actos de corrupción al tener contacto con servidores públicos, lo que coloca al estado en el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de casos de corrupción. Esto repercute en el respeto y garantía de los derechos humanos al impactar en la calidad de vida de las personas, particularmente de los grupos más vulnerables.

Ante esto, la IBERO Puebla insta a evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en otros poderes y organismos con autonomía constitucional, e impulsar el enfoque de Estado abierto en toda su potencialidad, de manera que haya un diálogo constructivo y permanente con la sociedad.

Para garantizar la libertad de expresión, se propone crear una ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada y el derecho al honor. Esta legislación deberá incorporar la figura de ‘malicia efectiva’ y hacer una distinción en razón del sujeto cuando lo que se presume es información de interés público referente a servidores públicos. 

Al mismo tiempo, se exhorta a aprobar una iniciativa de ley de publicidad oficial y comunicación social que garantice la asignación neutral, clara y transparente de recursos a todos los medios.

Por último, se hace un llamado a implementar de manera eficaz la Política Estatal Anticorrupción y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley, misma que debe estar acompañada por políticas de transparencia proactiva.

Estas son solo algunas de las propuestas que la Agenda institucional 2024: de la reflexión a la acción, contiene. El documento será compartido con candidatas y candidatos de las próximas elecciones para que conozcan estas perspectivas y las integren en sus agendas de trabajo.