Hace más de una semana que el gobierno venezolano decidió vetar a la red social X (antes Twitter) acusando a Elon Musk, su propietario, de usarla para promover el fascismo y la violencia en Venezuela. Hubo reacciones en el país sudamericano y en otras partes del mundo que mostraron indignación por lo que, a su juicio, representa un ataque más a la libertad de expresión por parte del presidente Nicolás Maduro.

La versión de que Maduro deliraba sobre tácticas conspiracionistas en contra de su proyecto político perdió un poco de sustento cuando, días después, el equipo de la candidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, también denunció el uso deshonesto de X. La candidata argumentó que se usaba para favorecer la agenda de Donald Trump. La denuncia tiene pleno sentido a la luz de una reciente publicación de Musk en X: un video manipulado con inteligencia artificial que obtuvo más de 130 millones de vistas. En el video deepfake la candidata Harris califica de senil al presidente Joe Biden y confiesa que no sabe cómo dirigir el país.

Conviene recordar que las redes sociales, en los últimos años, han implementado políticas contra el uso de deep fakes. Pero Musk es dueño de X y también de sus políticas. Por su parte, un artículo de análisis de CNN del 13 de agosto explica cómo el magnate ha convertido a la red social X en una maquinaria de propaganda para respaldar a Trump y manipular al electorado a través de noticias falsas o estrategias de desinformación.

El texto de CNN advierte sobre el uso de chatbots de inteligencia artificial para difundir información sobre supuestas razones de inelegibilidad de Harris. También denuncia el bloqueo de cuentas o el arbitrario uso de la etiqueta spam cuando detecta mensajes de usuarios que considera adversarios de la agenda de Donald Trump. Pero la polémica es aún más amplia.

Bruce Daisley, un exdirectivo de la red social otrora llamada Twitter, manifestó que Elon Musk debería enfrentar sanciones penales por el papel de X en los disturbios que se desbordaron en el Reino Unido durante las primeras semanas de agosto. El 29 de julio, según información policial, un joven británico apuñaló hasta la muerte a tres niñas en Southport; sin embargo, en redes sociales se difundió que el atacante había sido un musulmán solicitante de asilo.  La difusión de la errónea identidad del criminal desató una ola de violentas protestas que hundieron en el caos a Southport y otras ciudades británicas. Militantes extremistas de derecha dieron rienda suelta a su xenofobia, lo mismo prendiendo fuego a su paso por las calles que reenviando mensajes de odio contra la población migrante, especialmente musulmana. Por si la situación no fuera suficientemente grave para las autoridades, durante en el curso de los violentos episodios, Musk posteaba a propósito de los disturbios: “La guerra civil es inevitable”. Después de dos semanas de protestas y enormes tensiones, la calma regresó al Reino Unido con un saldo de más de 1000 personas arrestadas y casi 600 condenadas. El rol de la red social X en los sucesos será investigado por la Comisión Europea.

La desinformación generada por la difusión de noticias falsas o malintencionadas (como suele ocurrir con los audios y videos deepfake) es un problema que crece rápidamente y amenaza la estabilidad social y política en todo el mundo. Los Estados y sus instituciones se ven superados por la potencia de las redes sociales como herramientas para incidir en la opinión pública en temas muy sensibles como lo es el fenómeno migratorio, pero también en temas como el aborto, la calidad democrática de un gobierno determinado, la percepción sobre la justicia de una invasión militar o la integridad moral de una persona que aspira a competir en un proceso electoral.

La manipulación de la información no es una novedad. Medios informativos de todas partes suelen caer en prácticas de esa naturaleza y, desde la aparición del periodismo, nuestras sociedades han tenido que lidiar con el problema. La legislación ha procurado textos normativos que, aunque con limitados aciertos, intentan contener sesgos informativos o líneas editoriales deshonestas.

Pero el uso malicioso e imprudente de las redes sociales para desinformar es un fenómeno que reviste características inéditas por la magnitud de los impactos sociales que se puede producir con un teléfono en la mano. O peor, cuando un magnate inescrupuloso decide qué es conveniente publicar y difundir. Mientras no tengamos la posibilidad de impedir eficazmente que mensajes de intolerancia, incitación al odio o deepfakes circulen por las redes, lo menos que podemos hacer es ser prudentes respecto a lo que recibimos y compartimos a través de nuestros dispositivos.

Publicado originalmente en e-consulta.